Hay autonomías en las que se está entregando, o se va a entregar, una factura «informativa» del coste que ha supuesto nuestra visita al médico, de la asistencia que recibamos en Urgencias, de la intervención quirúrgica que hemos sufrido o de cualquier gasto que ocasionemos por ponernos enfermos.
¿Por qué no le entregamos también a los políticos la factura de sus excesos?
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